>Ha comenzado la cuenta atrás en Brasil para los aranceles del 50% anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a partir del próximo 1 de agosto. En el gigante latinoamericano, con cada día que pasa y se acerca la fatídica fecha, la esperanza da paso a una especie de parálisis general que convierte cada vez más el 1 de agosto en un meteorito listo para impactar y no en un ultimátum que se puede evitar o, al menos, contener. El enfrentamiento de los últimos días entre el expresidente Jair Bolsonaro y Alexandre de Moraes, el juez del Tribunal Supremo Federal (STF) que sigue el proceso en el que está acusado de intento de golpe de Estado, ha creado un clima muy tenso en el país y en las relaciones con Estados Unidos. La amenaza de arresto del lunes por parte del juez, que además de prohibir al expresidente publicar en sus redes sociales y dar entrevistas, también ha decidido que podrá ser considerado responsable de las acciones emprendidas en las redes sociales de terceros, ha desatado un debate sobre el riesgo de censura y los propios límites jurídicos del STF. Hay quienes, como el ex magistrado Walter Fanganiello Maierovitch en CNN Brasil, afirman que “el juez no es imparcial, pero sus decisiones tienen fundamento jurídico”, y quienes hablan de censura. En un editorial titulado “Un caso escandaloso de censura”, el diario O Estado de São Paulo recuerda también que medidas de este tipo no se aplicaron ni siquiera con Lula cuando estaba en prisión y ya condenado en Curitiba. “En un contexto político ya minado por la polarización, decisiones abusivas como la del señor Moraes solo refuerzan la percepción, ya arraigada en gran parte de la sociedad, de que el Tribunal Supremo Federal (STF) actúa por motivos políticos”, se lee en el editorial. “Es un abuso evidente que, además, da munición al victimismo bolsonarista”, concluye el texto.

Por ello, el Gobierno brasileño cuenta ahora con la presión de los empresarios estadounidenses, afectados indirectamente por los aranceles sobre los productos brasileños, para convencer a Trump de que reconsidere su decisión o, al menos, posponga su aplicación en caso de que fracasen las negociaciones. Prueba de lo crítica que es la situación es el hecho de que el Gobierno de Lula y los distintos gobernadores del país están evaluando medidas de emergencia, como la introducción de una línea de crédito para apoyar a las empresas brasileñas penalizadas por la caída de las exportaciones hacia Estados Unidos.

El sector empresarial brasileño también comparte el pesimismo del Gobierno. Los empresarios subrayan que las negociaciones están estancadas y que la politización del tema está aislando a Brasil. Este fin de semana partirá hacia Washington una delegación brasileña compuesta por senadores y empresarios para intentar negociar. Fuentes de Brasilia han dicho a Infobae que se comunicará a los interlocutores estadounidenses que los aranceles de Trump empujarán a Brasil a acercarse a China, aún más de lo que ya lo está. La comitiva ha decidido mantener en secreto su agenda en Estados Unidos para evitar interferencias por parte del diputado federal Eduardo Bolsonaro y otros exponentes bolsonaristas, que podrían comprometer las reuniones si se hicieran públicas.

En cuanto a Lula, si bien por el momento está capitalizando políticamente el antiamericanismo que ha estallado en los últimos días, podría pagar un alto precio en los próximos meses, sobre todo si Trump aplica a Brasil sanciones secundarias por sus importaciones de petróleo de Rusia. Tanto es así que los principales bancos privados del país están consultando estos días con bufetes de abogados de Estados Unidos para elaborar posibles estrategias. Además, preocupan las posibles protestas de sectores enteros del sector productivo, empezando por los camioneros, ya contrarios a la nueva ley que les obliga a descansar 11 horas después de 24 horas de trabajo. El mundo de la industria y la producción agrícola está viviendo días de angustia. Según un análisis de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), la introducción de aranceles podría suponer una contracción de 52.000 millones de reales (9.421 millones de dólares) en las exportaciones de Brasil, con un impacto negativo del 0,16% en el PIB nacional y el cierre de unos 110.000 puestos de trabajo.