>Con ocho votos a favor y tres en contra, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil enterró el jueves pasado, por considerarlo inconstitucional, el artículo 19 del llamado Marco Civil de Internet, una ley que regula desde 2014 Internet en el país latinoamericano. En virtud de ella, las big tech estaban obligadas hasta ahora a eliminar contenidos considerados extremistas solo por orden judicial. La motivación de los jueces es que las normas vigentes hasta ahora “no garantizan una protección suficiente de bienes jurídicos constitucionales de gran importancia, como la tutela de los derechos fundamentales y la democracia”. Para la jueza Carmen Lúcia, que votó a favor del endurecimiento de las normas, “la censura está prohibida constitucionalmente, éticamente, moralmente e incluso espiritualmente. Pero no podemos permitirnos encontrarnos en una ágora en la que hay 213 millones de pequeños tiranos soberanos. Brasil es soberano, la ley brasileña es soberana”. En la misma línea se ha pronunciado el juez Dias Toffoli, que ha comparado la libertad de expresión con las ametralladoras para sostener que las plataformas digitales deben ser consideradas responsables de los contenidos que transmiten. “Ahora voy a retirar la ametralladora de mi plataforma porque está prohibida y así no tendré que pagar una indemnización al padre de esta víctima”, afirmó Toffoli. Solo tres jueces se opusieron, André Mendonça, Edson Fachin y Nunes Marques, al considerar que solo el Parlamento tiene la facultad de modificar las obligaciones de las plataformas. “Existirá el riesgo de una censura colateral”, afirmó Fachin. Para el juez, “la adopción del control del lenguaje de los utilizadores no forma parte del Estado de derecho democrático”, explicó, añadiendo que “la necesidad de una orden judicial para retirar contenidos de terceros parece ser la única forma constitucionalmente adecuada de conciliar la libertad de expresión con un régimen de responsabilidad consecuente”.

En la decisión de los jueces también aparece una lista de contenidos que deben ser eliminados inmediatamente sin orden judicial. En esta lista se incluyen publicaciones que constituyen, por ejemplo, terrorismo, pornografía infantil, discriminación racial, trata de seres humanos, incitación al suicidio, violencia contra las mujeres y conductas que socavan la democracia y el estado de derecho. Precisamente, este último punto ha sido el más controvertido por la prensa brasileña. “Las interpretaciones flexibles de los jueces en este ámbito podrían fomentar la censura de simples críticas, objeciones y enfrentamientos políticos”, escribe el diario Folha de São Paulo en un editorial. En particular, queda fuera todo el tema de los derechos humanos, hasta el punto de que el texto del STF traslada la responsabilidad al Congreso. “Invitamos al Congreso Nacional a elaborar una legislación capaz de subsanar las deficiencias del actual régimen en materia de protección de los derechos fundamentales”, se lee en el texto. “El hecho es que la ley ya existe y cualquier mejora depende de la interpretación política. Quien ha debilitado un derecho fundamental, el de la libertad de expresión, ha sido el Supremo Tribunal del país”, concluye el editorial de Folha de São Paulo. La decisión de los jueces del STF establece además que cada plataforma debe disponer de su propia autorregulación, que prevea un “sistema de notificación, un proceso justo e informes anuales sobre la transparencia en materia de notificaciones extrajudiciales, publicidad y promociones”.

Mientras tanto, las plataformas comienzan a reaccionar. La Cámara Brasileña de Economía Digital (camara-e.net), que representa a las empresas de servicios digitales y de comercio electrónico, entre ellas Google, Meta y TikTok, ha declarado en un comunicado que la formación de una mayoría en el STF “a favor de la responsabilización de las plataformas digitales por los contenidos publicados por terceros, incluso en ausencia de una sentencia judicial, representa un preocupante revés para el ecosistema de Internet brasileño”. Según la organización, “la tesis que está surgiendo rompe el equilibrio establecido por el Marco Civil de Internet y podría crear precedentes de incertidumbre jurídica, judicialización masiva, aumento de las barreras a la innovación y exclusión preventiva de contenidos legítimos”. Google también ha expresado su preocupación por los cambios que “podrían tener un impacto en la libertad de expresión y en la economía digital”. “Seguimos abiertos al diálogo”, se lee en su comunicado. El pasado mes de diciembre, cuando el STF inició el debate sobre el caso, Meta declaró tener “una larga historia de diálogo y colaboración con las autoridades brasileñas, incluida la magistratura. Sin embargo, ninguna gran democracia del mundo ha intentado nunca aplicar un régimen de responsabilidad para las plataformas digitales similar al sugerido hasta ahora en la sentencia del STF”.

En cuanto a la sociedad civil, sigue dividida. Una encuesta reciente realizada por Nexus reveló que el 78% de los brasileños cree que las plataformas deberían ser más responsables de los contenidos que publican. Otro 62% cree que las empresas deberían eliminar más publicaciones de las que eliminan actualmente. Sin embargo, tras la decisión del STF, en la plataforma X, la palabra “censura” alcanzó el puesto 15 entre los temas más discutidos en Brasil, con más de 767.000 menciones en dos días. Entre el jueves y el viernes pasados, la búsqueda “STF decide sobre las redes sociales” estuvo entre las 15 más buscadas en Google Trends.