>El caso que conmocionó a la comunidad de Villa Diamante, en el partido bonaerense de Lanús, tendrá su instancia judicial en las próximas semanas. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Avellaneda-Lanús determinó la fecha de inicio del proceso contra Adriana Hernández, acusada de haber asesinado de una puñalada a Yamila Daniela Benítez, de 27 años, tras una disputa que, según la investigación, se originó por la compra de una torta de cumpleaños para la hija de la víctima.

La secuencia de los hechos comenzó días antes del crimen, cuando Yamila Benítez se acercó al domicilio de su expareja para reclamarle que se hiciera responsable de la compra de una torta para celebrar el cumpleaños de su hija. Según relató Shamira Benítez, hermana de la víctima, a Diario Conurbano, la joven fue a pedirle al padre de su hija que colaborara con el festejo. “Fue a reclamarle al padre de su hija que se hiciera cargo de la compra de una torta para festejar el cumpleaños de la nena”, expresó Shamira. La situación escaló rápidamente y, de acuerdo con la denuncia de la familia, tanto el hombre como Hernández respondieron de manera violenta, expulsando a Yamila del lugar arrojándole piedras.

El ataque quedó registrado por una de las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Las imágenes, que fueron analizadas por los investigadores, resultaron determinantes para identificar y detener a la sospechosa. En el procedimiento de arresto, la policía secuestró la campera que Hernández vestía al momento del hecho, prenda que coincidía con la que se observaba en el video de la agresión. El violento episodio quedó filmado por una de las cámaras de seguridad de la zona y la imagen fue clave para lograr el arresto de la sospechosa, según detalló Diario Conurbano.

La investigación, liderada por la UFI 6 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, avanzó rápidamente gracias a la evidencia fílmica y a los testimonios recabados en el entorno de la víctima y la acusada. Adriana Hernández fue imputada por el delito de “homicidio simple”, figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión en el Código Penal argentino. El proceso judicial, que comenzará el 6 de agosto, será seguido de cerca por la comunidad y por organizaciones que luchan contra la violencia de género y los femicidios.