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21/06/2025

El Gobierno afina su estrategia para negociar cargos clave de la Justicia, pero esperará hasta las elecciones

Fuente: telam

Apuntan a ocupar las vacantes en la Corte Suprema, fiscalías y juzgados. El kirchnerismo tiene los votos para bloquear cualquier iniciativa libertaria, por lo que están obligados a consensuar

>Desde que asumió, Javier Milei no nombró jueces, fiscales ni defensores. Solo nombró a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que posteriormente no pudieron ser convalidados por el Senado. Es un reclamo que emerge con fuerza de parte del ámbito judicial, donde le piden a la Casa Rosada que aceleren las gestiones para que se puedan a comenzar a llenar los puestos que siguen vacantes desde hace años.

Y es que se trata de un asunto espinoso para los libertarios, porque todas las vacantes que precisan ser llenadas deben pasar por el Senado, donde el peronismo es un actor de bloqueo de cualquier iniciativa que quiera hacer el Gobierno. Los nombramientos pueden rechazarse con un tercio del recinto -más de 24 votos-, y el bloque de Unión por la Patria tiene 34 bancas.

Así planteado el escenario, es requisito obligatorio que el Gobierno negocie con Unión por la Patria si es que quiere acelerar los nombramientos de los distintos cargos judiciales. Quienes tienen a cargo esas tareas son, mayormente, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y su principal alfil judicial, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.

De todos los cargos vacantes o en disputa, la Casa Rosada mira con especial énfasis a los jueces de la Corte Suprema y el Procurador General de la Nación.

Menos conocido, pero no por eso menos importante, este último cargo comenzará a tener una importancia mayor a la que tenía hasta hace algunos meses. El Procurador es quien lidera el Ministerio Público Fiscal y es el jefe de los fiscales, teniendo potestad para decidir sobre las postulaciones, remociones y el accionar de estos.

El Código Procesal Penal Federal ya se implementó en 12 provincias y a fin de año, y la próxima parada son los tribunales de Comodoro Py, donde no están exentas las tensiones. “Nos sorprendió que la mayor resistencia la tuvimos en los fiscales y no en los jueces”, afirma una fuente judicial libertaria, explicando que la queja de ese sector proviene por los fondos y los recursos que hacen falta para poder incrementar su capacidad ociosa.

“No entendemos las presiones. Queremos un cambio histórico para el país y la Justicia. Les dimos recursos, salas de audiencias con tecnología, computadoras último modelo, un UFED [Universal Forensic Extraction Device] por distrito y más de 5000 m² de la ex ESMA para sus nuevas oficinas. También les haremos una propuesta de equilibrio de personal progresivo, respectando derechos y sueldos o contratos”, comenta una altísima fuente a Infobae.

Volviendo a la cuestión macro, los jueces tenían automáticamente la potestad de juzgar e investigar y solo, si querían, le podían delegar toda la investigación a los fiscales. Un ejemplo es el caso $LIBRA, en el que María Servini delegó la causa a Eduardo Taiano. En síntesis, el Procurador tendrá un poder real mayor del que tenía antes, lo cual hace más jugosa la negociación por ese cargo que actualmente ostenta -aunque de manera interina- Eduardo Casal, que asumió automáticamente luego de la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017.

Para facilitar estas tratativas, en las últimas semanas se escucharon rumores de que se puedan modificar las competencias que tiene la cabeza del Ministerio Público Fiscal. Dos fuentes inobjetables del Gobierno consultadas por Infobae rechazaron esto rotundamente. En cambio, sí se pretende buscar un candidato de consenso y que tenga perfil académico.

El oficialismo experimentó en abril pasado los rechazos de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, por lo que saben que repetir con ese mecanismo va a producir los mismos resultados.

Con las necesarias interlocuciones que deberán tener con el kirchnerismo, vuelve a emerger la posibilidad de que sean “uno y uno”. Pero en altos despachos del Gobierno afirman que es más viable la ampliación del número de ministros de la Corte. Esto complejizaría la discusión, pero abriría a mayor cantidad de escenarios en los que el Gobierno puede sentirse cómodo para pactar con ese sector de la oposición.

No se contempla la posibilidad de que la ampliación supere los nueve miembros, ya que eso podría ralentizar el tratamiento de los expedientes debido a la necesidad de coordinación entre más jueces. Un operador libertario citado por Infobae opinó: “La velocidad de la Corte depende del más lento de sus miembros y no tanto de si son muchos o pocos miembros”. Además, el oficialismo descarta la opción de dividir las funciones de la Corte en salas, porque es lisa y llanamente inconstitucional.

La actual integración del Máximo Tribunal es la más reducida de América Latina. El mayor vínculo que tienen los libertarios es con el juez Ricardo Lorenzetti, uno de los artífices de la candidatura de Lijo al Máximo Tribunal.

En los pizarrones que están en los encumbrados despachos de la Casa Rosada tampoco se olvidan de anotar las vacantes de magistrados y fiscales que hay en todo el país. Tal vez, uno de los asuntos que más urge en términos del funcionamiento de la Justicia.

Un funcionario de primera línea comentó que una de las que podría estar más avanzadas después de las elecciones son las vacantes del Tribunal Oral en lo Penal Económico de la Capital Federal.

Esto no se materializó en el tiempo. Y es que, en rigor, en el Gobierno afirman que no tienen grandes incentivos para acelerar los envíos de los pliegos.

Fuente: telam

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