10/06/2025
Las denuncias por delitos contra la administración pública se duplicaron en los últimos 15 años
Fuente: telam
Infobae relevó la base de denuncias actualizada por el Ministerio de Seguridad, con datos de todo el país al 2024. En el primer año de Javier Milei, las referidas a casos de corrupción crecieron el 17% con relación a último año de Alberto Fernández
>Si la Corte Suprema rechaza el recurso de Cristina Kirchner en la causa Vialidad y deja firme el fallo de la Cámara de Casación Penal Federal, se convertirá en la primera presidenta en ir presa por cumplimiento de una sentencia firme en Argentina. La pena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública que le impuso el Tribunal Oral Nro 2 en diciembre de 2022, es de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para cumplir cargos públicos.
Un análisis de la base de datos de denuncias publicada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con datos actualizados a 2024, revela que las denuncias por delitos contra la administración pública no han parado de crecer en los últimos 25 años. Contabilizan las denuncias en sede policial en todo el país, e incluyen casos de corrupción, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
En un lapso temporal más estrecho, desde 2010 a finales del 2024, el número pasó de 23.866 denuncias a 49.942 en todo el territorio nacional. O sea, en 15 años se duplicaron los hechos de corrupción en los distintos niveles públicos.
El aumento en las denuncias de este tipo de delitos tiene correlato con la posición de nuestro país en el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que elabora anualmente Transparencia Internacional (TI), la ONG líder en la lucha contra la corrupción. Excepto en el gobierno de Mauricio Macri, el puntaje del país no mejoró sustancialmente desde 2012, cuando se empezó a medir el IPC con una nueva metodología. En la mirada de Hugo Wortman Jofré, presidente de Poder Ciudadano - capítulo argentino de TI -, este incremento puede responder a distintos factores. Por un lado, “desde 2010 para acá, se incorporaron leyes que posibilitaron las denuncias de manera más fácil y anónima”. Y mencionó, en ese sentido, la sanción de leyes que posibilitan la cooperación, como la del arrepentido en 2016. También, destacó las líneas de denuncias que habilitaron la Oficina Anticorrupción y el Ministerio Público Fiscal, y la especialización por parte del Ministerio Público en delitos contra la administración pública, en referencia a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. “La PIA fomentó que la gente que tuviera información sobre hechos de corrupción, pudiera canalizarla de forma sencilla”, advirtió Wortman Jofré.Para este abogado especializado en temas de corrupción, el problema no se circunscribe a los gobiernos nacionales. “En las provincias feudales o caudillescas ese problema de un Estado bobo que se deja cometer crímenes en su perjuicio, de manera sistemática, debería ser mucho mayor”.
Del análisis hecho por Infobae de la base de datos del Ministerio de Seguridad surge que las denuncias por delitos de corrupción en el primer año de Javier Milei, crecieron el 17%, con relación al último año de Alberto Fernández: pasaron de 42.856 en 2023 a 49.942 denuncias en 2024 (7.086 más).En el IPC correspondiente a 2024, “Hay que ver si una ideología libertaria que viene aplicar motosierra y terminar con los bolsones de corrupción se sostiene en el tiempo. Desde Poder Ciudadano vemos que no hay una matriz de lucha contra la corrupción que se piense de manera integral, como por ejemplo independizar la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo, mejorar el funcionamiento de las leyes de Acceso a la información. Retirar a los organismos, como la UIF o la OA, como querellantes tampoco es una buena señal”, concluyó Wortman Jofré.
La base de datos del Ministerio de Seguridad contabiliza la cantidad de hechos, por año, por delito y por jurisdicción, tanto provincial como departamental y se basa en el número de denuncias recibidas, básicamente, por dos fuentes: la Policía Federal por un lado y las policías provinciales por el otro. Cabe señalar que la cantidad de hechos no equivale a igual número de causas penales. El mayor número de denuncias por delitos contra la administración pública en 2024 se registró en la provincia de Buenos Aires, 17.535, el 35% del total. Pero al considerar la tasa de denuncias por cada 100.000 habitantes, el distrito bonaerense no es el que mayor proporción tiene con relación a su población (17 millones de personas). El ranking lo encabeza Mendoza, con 6.779 denuncias el año pasado, para una población de 2 millones y una tasa de 331 denuncias por cada 100.000 habitantes.Visualización de datos: Daniela Czibener
Infografía: Marcelo Regalado
Fuente: telam
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