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05/06/2025

El debate por la “emergencia en discapacidad”: las razones por las que se llegó a la actual situación

Fuente: telam

El nomenclador que rige a la actividad no se actualiza desde diciembre de 2024; ese mes se aumentó un 0,5%. El Gobierno recuerda que el mayor atraso se generó en la administración anterior. Qué dicen los sectores involucrados y por qué se vetará la ley que ayer obtuvo media sanción en la Cámara Baja

>El sector de prestaciones por discapacidad está en crisis y cada una de las partes cruza acusaciones. La madrugada de este jueves la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Ahora pasará al Senado y, en caso de aprobarse, el gobierno de La Libertad Avanza ya anunció que vetará la normativa porque tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI. Pero ¿por qué se llegó a este límite y cómo funciona el sistema? El tema no es sencillo y se debe partir de una premisa: cada una de las partes, efectores privados, por ejemplo, las nucleadas en el Foro Permanente de Discapacidad; y autoridades nacionales, entre ellas de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tienen posiciones encontradas sobre las razones. Sí existe un hecho incontrastable: la situación no es nueva, el arrastre —para no ir tan lejos en el tiempo— viene del gobierno de Alberto Fernández, años en que la inflación subía por un moderno ascensor y la actualización del nomenclador, que es el valor de la prestación, desde transporte, hasta servicios de psicología, fonoaudiología o Apoyo Profesional No Docente (APND) por escalera y con muletas.

Incluir Salud es un programa federal que brinda cobertura médico-asistencial a los titulares de pensiones no contributivas (PNC). Es decir, personas que perciben pensiones otorgadas por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), generalmente por discapacidad, invalidez, o por ser madres de siete o más hijos.

En este punto los números son claros y no hay discusión entre las partes involucradas.

• En 2024, el aumento fue de un 99%, contra un 117% de inflación. Es decir, una pérdida del 18%.

• En 2025 no se otorgó ningún incremento en el nomenclador. Entre enero y abril, última cifra publicada por el INDEC, la inflación en la Argentina fue del 11,1%.

• Es decir, si se toma en cuenta el atraso en los valores de las prestaciones en los servicios en el sector de discapacidad desde 2023 la cifra trepa al 147,1%.

Infobae se comunicó con el titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, para saber si está previsto llamar a las partes para debatir un aumento en el nomenclador, pero hasta el cierre de esta nota no respondió.

Desde el FORO Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad opinan distinto. Cuestionan al abogado Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, de “no convocar al Directorio del Sistema de Prestaciones, ni al Consejo Federal de Discapacidad, ni al Comité Asesor de la Agencia Nacional de Discapacidad” y que con este hecho: “Se rompió con todos los espacios de diálogo con las organizaciones”.

Al mismo tiempo, sostienen en un extenso comunicado que le hicieron llegar ayer a los diputados que finalmente dieron media sanción a la ley de Emergencia en Discapacidad “el gobierno ha sostenido que las prestaciones para este colectivo son las responsables del colapso financiero del sistema”, sin embargo, explican: “el Sistema de Prestaciones tiene cuatro fuentes de financiamiento: PAMI, el programa Incluir Salud (para personas con pensiones no contributivas), las obras sociales nacionales y las empresas de medicina prepaga”.

El documento del FORO también advierte sobre el rol de la Superintendencia de Servicios de Salud, que administra el Fondo Solidario de Redistribución, a cargo de Gabriel Gonzalo Oriolo. El funcionario ha sostenido —tal como publicó este medio— que de ese fondo, el 80% se destina a las prestaciones por discapacidad, siendo los rubros de transporte, apoyo escolar y capacitación laboral los que absorben entre el 60% y el 65% del total.

El Fondo Solidario de Redistribución se utiliza para el reintegro de dinero a las obras sociales y prepagas por tratamientos complejos y de alto costo a través del Sistema Único de Reembolsos.

Las cámaras que agrupan a los prestadores acusan al gobierno de aplicar “un sistema cruel” sobre el sector, y que está recortando servicios. No obstante, las autoridades aseguran que esto no es cierto. Según las autoridades, la cantidad de afiliados al sistema de salud ha aumentado, lo que ha hecho crecer el monto del subsidio destinado, así como el número de prestadores y los kilómetros facturados por el transporte de beneficiarios.

El informe publicado por el FORO Permanente de Discapacidad afirma que “Mientras las prestaciones acumulan” un abultado atraso arancelario, “las prepagas fueron autorizadas a aplicar aumentos por encima del índice de inflación”.

En medio de esta disputa, están las personas más vulnerables de la sociedad, que esperan ser “visibilizados” y que no se les interrumpan los tratamientos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, en una de sus conferencias de prensa, denunció abusos en algunos prestadores.

• La ANDIS realizó un cruce de beneficiarios activos entre el Programa Federal de Salud Incluir Salud y el Registro Nacional de las Personas, y se identificaron 150 beneficiarios que estando fallecidos seguían figurando en el padrón de discapacidad como activos con prestaciones mensuales con concurrencia presencial.

Desde las entidades que agrupan a los prestadores aseguran no tener información al respecto, pero aspiran a que si existen desvíos se deben corregir porque ese dinero “debe ir a las prestaciones”.

Una psicología social, u otra carrera habilitante que se dedica al Apoyo Profesional No Docente (APND), también conocida como maestra integradora, factura honorarios por $307.000 por nomenclador por jornada educativa, la cual depende de cada caso. Una jornada simple llega a las cuatro horas de lunes a viernes. A ese monto se le debe restar los $45.000 de monotributo más los seguros que corren por su cuenta. Sin aguinaldo ni vacaciones pagas, la mayoría está cobrando lo que factura a, como mínimo, 60 días de retraso. En el año 2007 una maestra integradora (son las que le brindan apoyo a los niños con capacidades diferentes en el aula), cobraba casi un sueldo docente. Hoy no llegan al 50 % de ese valor.

Lo de “verificadas” no es un tema menor ya que se detectaron sobrefacturaciones que venían de arrastre desde hace años, un tema que se depuró.

Desde el entorno de Valdés deciden no responder y aseguran que, justamente por estar involucrado en la problemática, conoce como pocos el tema y por eso se transformó en uno de los principales impulsores de la ley. El diputado de Unión por la Patria sostuvo: “La discapacidad en la Argentina está en emergencia real, aunque el Gobierno se niegue a reconocerlo. No se trata de una cuestión fiscal, sino de garantizar derechos fundamentales que hoy no se cumplen de forma equitativa en todo el país”.

Fuente: telam

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