>El Gobierno de Ecuador ha anunciado la implementación de una nueva Tasa de Fiscalización Minera que, según estimaciones oficiales, permitirá una recaudación anual de USD 229 millones. Esta medida busca reforzar el control técnico y ambiental del sector, al tiempo que se promueve la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos del Estado.

Los recursos obtenidos a través de esta contribución obligatoria serán destinados específicamente a labores de vigilancia, fiscalización y control ambiental en el sector, una de las áreas más sensibles en el debate nacional sobre sostenibilidad y desarrollo económico.

La reapertura del catastro ha sido una de las demandas más persistentes del sector privado minero, que ha criticado durante años la parálisis en la concesión de títulos mineros como un obstáculo para atraer inversiones y generar empleo. Con esta decisión, el gobierno de Daniel Noboa busca reactivar el interés nacional e internacional por el sector extractivo, en un contexto donde la minería representa una fuente creciente de ingresos fiscales y divisas para el país.

En cuanto al sector eléctrico, el Gobierno informó que aplicará un ajuste tarifario para los consumidores de alto y medio voltaje. Las nuevas tarifas reflejarán el costo real del servicio: para el grupo AV1 (alto voltaje), el precio pasará de 7,91 a 10,22 centavos de dólar por kilovatio hora; mientras que para el grupo de medio voltaje, la tarifa aumentará de 9,27 a 11,64 centavos por kWh. No obstante, esta medida no afectará a sectores sensibles como la asistencia social, el bombeo de agua para comunidades campesinas ni los escenarios deportivos, que también se encuentran en los grupos AV1 y MV. Tampoco se aplicará al sector residencial, que representa a más de 5,3 millones de hogares ecuatorianos.