31/05/2025
Moody’s rebajó la calificación de Brasil a pesar del aumento del PIB y la disminución del desempleo

Fuente: telam
La agencia redujo la nota crediticia del país, alegando preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda, mientras el Gobierno enfrenta presiones por el aumento del impuesto a las operaciones financieras y la reacción del sector privado
>La agencia de calificación Moody’s rebajó ayer la calificación de Brasil de “positiva” a “estable” debido al “deterioro de la capacidad de Brasil para pagar su deuda”, según se lee en la explicación que acompañó a la decisión. En un comunicado, el Ministerio de Economía reiteró su “compromiso con la mejora continua de los resultados fiscales”. El jueves, el Tesoro anunció que la deuda pública ascendió a 7,617 billones de reales (1,329 billones de dólares) en abril. En el acumulado de 2025, la deuda aumentó un 4,1%, teniendo en cuenta que, en diciembre de 2024, era de 7,316 billones de reales (1,276 billones de dólares).
Precisamente a causa de la polémica desatada por el aumento del IOF, circuló por primera vez el rumor de una posible sustitución del ministro de Hacienda, Fernando Haddad, por Aloizio Mercadante, actual presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), como alternativa más alineada con la línea económica del Partido de los Trabajadores de Lula, que se adhiere a la Teoría Monetaria Moderna (TMM). Es una teoría favorable a la intervención del Estado, tanto en forma de gasto público como de injerencia en las relaciones económicas. Aboga por políticas fiscales expansivas que se financian mediante la creación de dinero por parte del Estado, porque para la TMM ni la deuda ni la inflación son un problema. Mercadante, además de ser ministro del Gobierno de Dilma Rousseff, fue presidente de la Fundación Perseu Abramo, brazo académico del PT y defensor de la TMM. En estos días, en medio de la polémica sobre el aumento del IOF, ha sugerido como opción gravar a las empresas de apuestas que operan en Brasil.
El presidente de la Cámara, Hugo Motta, del Partido Republicano, dio el jueves hasta el 10 de junio al Gobierno de Lula para que presentara una alternativa al aumento del IOF, amenazando con el rechazo del decreto por parte de los diputados. Se trata, recordemos, de un impuesto regulador que se ha utilizado en este caso para aumentar la recaudación y, según el diario Folha de São Paulo, también con fines de control cambiario. “Según fuentes cercanas al tema entrevistadas por Folha, las modificaciones en el impuesto también ocultaban una intención regulatoria, destinada a retener el dinero en el país y ayudar a reducir el tipo de cambio del dólar frente al real”, se lee en el artículo. A pesar de que el ministro lo ha negado, sin embargo, en la rueda de prensa en la que la semana pasada explicó en detalle el aumento del IOF, el secretario del Tesoro Nacional, Rogério Ceron, admitió que el objetivo del Gobierno era interferir en el tipo de cambio para reducir su volatilidad. “Lo que se está haciendo aquí, y es importante decirlo, no es penalizar. Se trata de reservar el mismo trato, simplemente no fomentar estos movimientos a muy corto plazo que generan volatilidad en el tipo de cambio”, había dicho Ceron.En estos días, los principales representantes del sector productivo nacional han firmado un manifiesto en el que piden al Congreso que anule el decreto que regula el aumento, acogido con “preocupación” porque supone un incremento de los costes para el sector privado. “Las iniciativas de recaudación fiscal, con aumentos de impuestos, tienen un impacto negativo en la construcción de un entorno económico saludable”, se lee en el texto. El documento ha sido firmado por las confederaciones nacionales de la industria (CNI), agroalimentaria (CNA), comercio y servicios (CNC), instituciones financieras (CNF), compañías de seguros (CNseg), además de la Asociación Brasileña de Empresas Públicas (Abrasca) y la Organización de Cooperativas Brasileñas (OCB). Según un editorial del diario O Estado de São Paulo, “para el país, el daño es aún mayor: la erosión de la confianza de los agentes económicos en la capacidad del Gobierno para dirigir una política fiscal coherente, estable y predecible. La inseguridad generada por este tipo de artificios aleja las inversiones y empuja a Brasil a un círculo vicioso en el que el populismo sabotea cualquier atisbo de crecimiento sostenible”.La polémica sobre el IOF está acaparando la atención junto con los datos económicos relativos al Producto Interior Bruto, publicados ayer por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En el primer trimestre de 2025, el PIB del gigante latinoamericano creció un 1,4% con respecto al trimestre anterior, una cifra positiva a pesar de que las previsiones del Ministerio de Hacienda eran del 1,6 %. Sin embargo, la cifra oculta una desconexión dentro de la economía brasileña. Por un lado, el sector impulsor es el agropecuario, que por sí solo registró un aumento del 12,2 %; por otro lado, el sector industrial presentó en el primer trimestre una caída del PIB del 0,1 %, tras haber registrado un buen rendimiento el año pasado, del +3,3 %. El resultado positivo del sector agrícola se vio favorecido por la elevada productividad de cultivos como la soja (+13,3 %), el maíz (+11,8 %), el arroz (+12,2 %) y el tabaco (+25,2 %). El ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, calificó este periodo como el mejor de crecimiento sostenido del sector en los últimos diez años, gracias a unas políticas agrícolas eficaces y a las inversiones. “Las inversiones permiten la estabilidad de los precios, la garantía de las ventas y, en consecuencia, el crecimiento económico, la creación de empleo y la generación de ingresos aquí en Brasil”, declaró Fávaro. En 2024, la cadena agroalimentaria representaba el 23,2% del PIB brasileño, es decir, unos 2,7 billones de reales (0,47 billones de dólares), según una encuesta realizada por el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (CEPEA) y la Confederación Nacional de Agricultura (CNA). Sin embargo, hace unos días, José Dirceu, uno de los líderes históricos del Partido de los Trabajadores de Lula, del que también fue ministro de la Casa Civil, definió en una carta abierta a los miembros de su partido a la agroindustria como “el enemigo frontal a combatir”, junto con los principales banqueros de Brasil.
En cuanto a la industria, poco ha servido el plan gubernamental lanzado en 2023 titulado Nueva Industria Brasil, con una financiación anunciada de 300.000 millones de reales (52.356 millones de dólares) hasta 2026, principalmente por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Un estudio de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), publicado en junio, sitúa a Brasil en el último lugar en términos de competitividad industrial, en una clasificación de 18 países, por detrás de Argentina, Colombia y Perú. El sector de los servicios, que representa el 70% de la producción total, también creció apenas un 0,3%. Incluso las previsiones del PIB para los próximos meses dividen al país. El Ministerio de Hacienda mantiene su estimación del 2,4%. Los economistas, por su parte, prevén una desaceleración gradual en los próximos trimestres debido al peso del alto índice de la tasa Selic, que actualmente ya se sitúa en el 14,75%. Por el contrario, los indicadores laborales publicados ayer fueron positivos. El desempleo se encuentra en mínimos históricos desde 2012, habiendo alcanzado el 6,6% en el primer trimestre según datos del IBGE. En 2024, en el mismo periodo, el desempleo era del 7,5%. El consumo de los hogares también se ha recuperado, un 1%, lo que demuestra, sin embargo, que parte del crecimiento del PIB sigue estando respaldado por las transferencias de dinero del Gobierno en forma de subsidios y por el mercado laboral.
Fuente: telam
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