-El temor ciudadano sigue en aumento, incluso con la caída de ciertos delitos. ¿Cree que la narrativa política ha contribuido a amplificar ese miedo?

Uno de los elementos que identificamos como clave, a partir de la evidencia y del trabajo que realizamos junto a un panel de expertos, son las incivilidades. Estos hechos —que no siempre constituyen delitos graves— generan efectos disruptivos importantes en la tranquilidad y la convivencia, y tienen un impacto directo en la percepción de seguridad de la población. Por eso el temor no proviene únicamente de la violencia directa, sino también de estas situaciones cotidianas que alteran el orden urbano o la vida barrial.

-El país ha logrado una reducción significativa en los ingresos irregulares, y eso responde a dos factores centrales. Por un lado, la implementación de un mecanismo de protección de zona fronteriza, en el que participan activamente las policías y las Fuerzas Armadas. Por otro, el trabajo de cooperación internacional con los países limítrofes. Con Perú la colaboración es sostenida, y con Bolivia venimos avanzando progresivamente.

En ese marco, Chile ha invertido una cantidad importante de recursos en el norte del país, no sólo para mejorar los controles migratorios, sino también para abordar otros fenómenos complejos como el contrabando y el tránsito de precursores químicos usados para producir drogas, especialmente cocaína. El control fronterizo no se trata sólo de reducir el número de ingresos, sino de evaluar la eficacia de los mecanismos implementados para desarticular también redes delictivas transnacionales.

-No hay correlación directa. Lo que muestra la evidencia es que no existe una relación directa ni causal entre migración y aumento de la delincuencia. Lo que sí ocurre es que los procesos migratorios masivos generan tensiones en el sistema de seguridad pública, y eso se refleja en distintos niveles.

Un caso típico es el de mujeres utilizadas como “corredores humanos” para el tráfico de drogas. Cometen un delito, sí, pero al mismo tiempo son instrumentalizadas y explotadas por redes criminales. Por eso, hay que abordar este fenómeno con mucha cautela, sin simplificarlo en una relación directa de causa y efecto entre migración y crimen. La migración forzada sí genera condiciones de vulnerabilidad, y esas condiciones pueden ser aprovechadas por estructuras delictivas. Pero afirmar que todos los migrantes representan una amenaza para la seguridad pública es errado e injusto. La política de seguridad no puede confundirse con una política antiinmigrante.

-Sí, y por eso las cárceles deben ser parte del sistema de seguridad. Se necesita población segregada, evitar que operen desde prisión y que no se reproduzcan agendas criminales. Las principales bandas de la región nacieron en cárceles. Chile está expandiendo su sistema penitenciario y aumentando plazas de máxima seguridad para mantener ese control.

-Con más planteles y plazas, pero también con condiciones de alta seguridad. Si pedimos extradiciones, debemos garantizar que esos líderes estén adecuadamente aislados. Las cárceles también son parte esencial de la seguridad pública.