>En una verdadera bola de nieve se ha convertido un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) que reveló que 25.078 mil empleados públicos salieron del país luego de haber pedido licencias médicas, entre los años 2023 y 2024.

Este lunes, la contralora Dorothy Pérez llegó hasta la Comisión de Salud del Senado para explicar cómo se llevó a cabo el estudio, cita en la que realizó una severa crítica a los servicios públicos por no detectar estas malas prácticas a tiempo y anunció las medidas que el órgano fiscalizador implementará al respecto.

Otros casos corresponden a funcionarios que “se dedicaron a viajar por Europa mientras estaban con licencia médica o en comisiones de servicio en el extranjero y la extendieron para poder viajar hacia otro continente con su licencia médica. Algunos funcionarios hicieron completos sus estudios en el extranjero con licencia médica”, acusó.

A renglón seguido, la contralora general de la República anunció sumarios administrativos en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), el organismo encargado de evaluar el estado de salud de las personas y visar el pago de dichas licencias médicas; la Superintendencia de Seguridad Social y Fonasa, el seguro público de salud chileno, a fin de “verificar una eventual falta de control” en sus obligaciones, los que de ahora en adelante serán anuales.