07/05/2025
Luz verde a un amparo: la Justicia abre un caso sobre la continuidad del plan para prevenir el embarazo adolescente
Fuente: telam
Entre 2010 y 2015 Argentina tenía una tasa de fecundidad adolescente superior a la de Chile, Uruguay, Colombia y Paraguay. El Plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) creado en 2018 logró reducir el abandono escolar, el corte del proyecto de vida y la vulnerabilidad emocional en un 60%. Sin embargo, el gobierno desmanteló el acceso a anticonceptivos de larga duración. El año pasado solo se usó el 14% del presupuesto asignado. Un juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal abrió una causa para que se revise esa decisión
>El plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) fue creado en 2018. El actual gobierno lo desmanteló. La justicia va a decidir su continuidad. El futuro de las adolescentes está en juego. ¿Pueden decidir si quieren estudiar o ser madres con anticonceptivos a disposición o van a quedar atrapadas en un futuro que les imponen sin posibilidad de apostar por su proyecto de vida?
El juez federal Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, aceptó la acción colectiva impulsada por la Defensora Marisa Graham y el Defensor adjunto Juan Facundo Hernández y trasladó el caso a la fiscalía.
La aceptación de la acción colectiva es un mensaje positivo de la justicia sobre la validez del reclamo. Todavía falta la resolución. Pero el primer paso es hacia adelante y abre la puerta a que el Poder Judicial limite el retroceso del Poder Ejecutivo en la garantía de derechos para que las adolescentes puedan acceder a anticonceptivos eficaces, de calidad y de largo plazo.El juez dio entidad a la presentación y lo considera un caso colectivo. Todavía no se expidió sobre lo que debería hacer el gobierno. Si la solicitud prospera el Ministerio de Salud estaría obligado a ejecutar el presupuesto asignado para las “políticas sanitarias vinculadas a la salud sexual y reproductiva”. También puede apelar ante una decisión adversa.En la presentación judicial se pide que se garantice el personal suficiente para que los equipos territoriales puedan seguir trabajando, que se entreguen anticonceptivos (especialmente de larga duración que son los que lograron la efectividad del plan), que continúen las capacitaciones a los efectores de salud de las doce provincias y que se restituyan los espacios de consejerías.
La Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (26.061) permite la posibilidad de esta petición. La base del amparo radica en que quienes pierden posibilidades son las niñas y adolescentes, abusadas o sin información y acceso económico a anticonceptivos en las zonas más vulnerables del país. Juan Facundo Hernández contextualiza: “Esta política fue muy exitosa. En cinco años disminuyó en un 50% el embarazo adolescente, de los 10 a 14 años. Es una política que tuvo evaluación de organismos internacionales como UNPFA (Fondo de Población de las Naciones Unidas). No tenía ningún sentido erradicar el plan”.Hernández acentúa: “A partir de la falta de respuestas del gobierno, que decía que se mantenía, pero en el 2024 la ejecución presupuestaria es mínima, casi no existe. Por eso, decidimos iniciar un amparo para que se restituya el Plan como se había diseñado en las doce provincias en las que se implementaba”.
En 2023 el Plan ENIA tuvo una ejecución presupuestaria de $2.028 millones. A inicios del 2024 se habían asignado $2.243 millones, pero, a lo largo del año, sufrió un recorte del 12% y terminó en $1968 millones. Pero del dicho al hecho (aún recortado) hubo mucho trecho y solo se ejecutaron $277 millones. Por lo tanto de la plata que tenían para invertir en anticonceptivos, capacitaciones y consultorías solo usaron el 14% de lo que tenían asignado.“Fue un plan para una vida mejor para las niñas y adolescentes de nuestro país”, remarca Silvina Ramos, ex coordinadora técnica del Plan ENIA e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).
Ella destaca: “ENIA fue una política pública ejemplar por su diseño intersectorial, basado en intervenciones que habían ya mostrado su eficacia, implementado en forma colaborativa con las provincias y con un sistema de monitoreo que permitía hacer seguimiento, corregir y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso de fondos públicos“.El Plan ENIA logró reducir en un 60% el embarazo adolescente no intencional. En 2013 había 117.386 madres adolescentes; en 2019 la cifra se redujo a 69.803 y, en el 2021, a 46.236 chicas, de entre 15 a 19 años y 1.394 niñas menores de 15 años que tuvieron un hijo.
Fuente: telam
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