17/04/2025
La vida del “abogado universal”, el argentino que llevó a juicio a genocidas de cuatro países y el policía que le disparó en la calle
Fuente: telam
Carlos Slepoy falleció en abril de 2017. Había logrado en España abrir la “jurisdicción universal” para delitos de lesa humanidad cometidos por dictadores. El balazo de un policía que lo hirió y su lucha implacable
>Al argentino Carlos Carli Slepoy lo llamaban “el abogado universal”, una definición que lo representaba con incuestionable justicia, porque nadie promovió como él tantos y tan diversos procesos judiciales contra los responsables de violaciones de los derechos humanos cometidas en distintos países del mundo.
Cuando murió en Madrid, a los 68 años, el 17 de abril de 2017, seguía trabajando con la misma pasión de siempre y acababan de entregarle el prestigioso Premio Público Derechos Humanos. “Carlos Slepoy ha destacado por su defensa de la justicia en cualquier ámbito y jurisdicción. Gracias a su incansable labor ha sido posible emprender procesos de verdad, justicia y reparación tanto en la Argentina como en Chile. Desde hace años trabaja también para acabar con la impunidad del franquismo y satisfacer el deseo de justicia de unas víctimas olvidadas por la democracia española”, había subrayado el jurado al otorgarle el galardón.
Consultado para esta nota, el periodista y escritor Eduardo Anguita, que lo conoció de muy cerca y es autor de Sano juicio, un libro que sigue paso a paso las andanzas judiciales y personales de Slepoy, hace de Carli una ajustada semblanza. “Era un tipo de barrio que estudió Derecho y se hizo abogado laboralista pero después se volcó con pasión a la lucha por los derechos humanos y se preparó a fondo para hacerlo. Hacía quijotadas judiciales, pero con unos fundamentos que los propios jueces y fiscales veían de una solidez extraordinaria. Creo que Carli es un ejemplo de como la pasión te puede llevar, cuando tenés una cuota de sabiduría, a explotar los conocimientos jurídicos hasta el más alto nivel. Si tuviera que definirlo, diría que era un tipo amabilísimo, querido y muy querible, al que se le ocurrió ser abogado y ponerse en la vereda de enfrente de los poderosos sin perder nunca la sonrisa”, sintetiza.
Carlos Alberto Slepoy Prada nació en Lanús, en el sur del Conurbano bonaerense, el 2 de octubre de 1949. Era el hijo del medio –entre dos hermanas– de un padre de origen y religión judía y de una madre católica de ascendencia española. Tuvo la típica infancia de los pibes de barrio y, siguiendo los pasos de su padre, se hizo hincha de Lanús, el club más cercano. Jugaba bien al fútbol y también era bueno con la guitarra, con la que se acompañaba para cantar. Cuando terminó la secundaria se anotó en la Facultad de Derecho de la UBA. Corrían los últimos años de la década de los ’60 y, aunque provenía de una familia sin ninguna tradición política, se sumó a la militancia en una agrupación de la izquierda independiente. “Seguían a (Juan Carlos) Portantiero y a todos los gramscianos, pero también tenían cierto acercamiento al peronismo de izquierda”, explica Anguita.Cuando se recibió, comenzó a trabajar en un estudio de laboralistas sin dejar la militancia. Formaba parte de un grupo de abogados jóvenes que habían creado una red de defensores de activistas sindicales y políticos junto a otros once colegas jurídicos en distintos puntos de la provincia para asesorar a delegados gremiales. Cinco de ellos fueron después secuestrados y siguen desaparecidos: Oscar Di Dío, Adolfo Chorni, Alberto Antebi, Nora Hochman y Alberto Podgaetsky.La vida de Slepoy cambió abruptamente el 19 de marzo de 1976, pocos días antes del golpe que inauguró la última dictadura argentina. “Ese día tenía una cita con Wanda Fragale, que en ese momento era mi esposa y venía de visitarme en la cárcel de Devoto, donde yo estaba preso. Se encontraron en El Imperio, un bar de Chacarita, y al rato entró un grupo de civil y los secuestró a los dos. Los llevaron a la ESMA, donde a Carli lo torturaron y le hicieron simulacros de fusilamiento. Eran los últimos días del gobierno de Isabel Perón y como Wanda tenía nacionalidad italiana, intervino el presidente de Italia, Sandro Pertini, que llamó a Isabelita. Así se salvaron. A Wanda la liberaron y Carli quedó a disposición del Poder Ejecutivo (es decir, preso sin proceso legal). Lo encerraron en Devoto hasta que pudo irse exiliado a España haciendo uso de la opción de salir del país”, cuenta Anguita.Corrían los primeros meses de 1996, cuando Slepoy se cruzó casualmente con el fiscal español Carlos Castresana, que por entonces era secretario general de la Asociación de Fiscales Progresistas de España. Se conocían de cruzarse en los tribunales y después de los saludos de rigor, Castresana le preguntó:
-Slepoy, ¿Ustedes han pensado que dentro de poco se cumplen veinte años del golpe del 24 de marzo de 1976, y que muchos pueden decir que veinte años después de cometidos los crímenes empiezan a prescribir?-Es cierto, pero, ¿Por qué no estudiamos la legislación de extraterritorialidad que surge de los distintos acuerdos internacionales de derechos humanos? - le retrucó el fiscal.
Se pusieron a estudiar el tema y, como ninguno de los dos era penalista, convocaron a Pepe Galán, que sí lo era y habían seguido muy de cerca el caso de los GAL, los grupos parapoliciales que se sospechaba que habían operado al amparo del gobierno de Felipe González. “Era un trío raro, porque por un lado había un fiscal que no era fiscal penal, el segundo era un abogado laboralista que decía que no creía que desde España se podía hacer mucho y el tercero un penalista que era el enemigo público número uno de Felipe González”, resume Anguita.Superaría por mucho el espacio disponible para este artículo relatar pormenorizadamente las alternativas de la causa impulsada por Slepoy y sus colegas en el juzgado de Baltazar Garzón. Basta con ceñirse a dos de sus consecuencias más resonantes.
En 1997, el ex oficial de la Armada e integrante de los grupos de tareas de la ESMA Adolfo Scilingo viajó a España para participar de un programa de la Televisión Española sobre los vuelos de la muerte utilizados como método de desaparición de personas por la dictadura argentina. El año anterior había confesado públicamente haber participado de dos de ellos sin sufrir ninguna consecuencia legal. Garzón lo detuvo y lo interrogó. En el juicio que tuvo a Slepoy como abogado de la querella, Scilingo fue condenado en 2007 a 1084 años de prisión. En 2020, después de pasar más de 22 años detrás de las rejas fue dejado en libertad condicional y derivado a un Centro de Inserción Social (CIS) de la Comunidad de Madrid. Un año después, también en el marco de la causa, Garzón ordenó la extradición desde México de otro represor de la ESMA, Ricardo Cavallo.Mientras avanzaba con las causas por delitos de lesa humanidad, Carlos Slepoy seguía trabajando como abogado laboralista para ganarse la vida. Casi no descansaba: trabajaba y estudiaba mucho, robándole horas a la noche para poder seguir avanzando. En eso estaba cuando la mañana del 17 de enero de 1982, cruzando una plaza de Madrid se topó con un policía evidentemente borracho que estaba maltratando a dos chicos e intervino sin dudarlo.
“Carli le dijo al policía que si no dejaba de maltratar a los chicos lo iba a denunciar. Tuvieron un cruce de palabras que no pasó a mayores pero tampoco dio ningún resultado y al final Carli le dijo: ‘Bueno, voy a la comisaría a presentar la denuncia’. Se dio vuelta y no había dado más que cuatro o cinco pasos cuando sintió que se le rompía la columna. El policía le había disparado por la espalda y la bala le tocó la médula. Quedó desvanecido ahí y lo llevaron a un hospital. Pasó más de cuatro años haciendo tratamientos de rehabilitación que le permitieron caminar con bastones, aunque los dolores no se le fueron nunca”, le explica el autor de Sano juicio a Infobae. El policía fue condenado a siete años de cárcel, la salud de Carlos Slepoy quedó resentida para siempre.La última pelea judicial de Carlos Slepoy fue la de impulsar el primer juicio de aplicación de la justicia universal para las víctimas de la dictadura franquista: a pesar de su precario estado de salud –que empeoraba visiblemente- cruzó el Atlántico y presentó una querella en Buenos Aires a la jueza argentina María Servini , quien el 14 de abril de 2010 abrió una investigación por la desaparición forzada de 113.000 personas. “La implementada por el franquismo fue una limpieza sistemática de opositores”, sostenía el abogado argentino desde la querella.
Pese a la lentitud del proceso, hasta su muerte Slepoy tenía esperanzas de lograr que se hiciera justicia, aunque en 2015 el gobierno español del Partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy, se opuso a las extradiciones solicitadas por la jueza argentina de ocho ex ministros franquistas y doce imputados más por crímenes de lesa humanidad. Entre ellos estaban el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Franco Celso Galván Abascal, el ex miembro de la Brigada Político Social, José Ignacio Giralte González, y el ex inspector José Antonio González Pacheco, conocido como “Billy El Niño”. Más tarde la lista se amplió e incluyó también a Utrera Molina, suegro del ex ministro Alberto Ruiz Gallardón.
Fuente: telam
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