>Este año el presidente Lula no participó en la movilización de 8.000 indígenas de todo Brasil que la semana pasada acamparon frente a los edificios institucionales de Brasilia. Se trata del famoso Acampamento Terra Libre, que se celebra todos los años y que cumple ahora 21 ediciones. No faltaron los enfrentamientos entre los indígenas y la policía, que disparó gases lacrimógenos. Pero la edición de este año ha sido crucial porque se ha debatido sobre todo el controvertido asunto del llamado Marco Temporal para la demarcación de las tierras indígenas. A pesar del veto de Lula en octubre de 2023, la ley del Marco Temporal, la 14701, fue aprobada en 2024 por el Congreso. Sin embargo, ahora está bloqueada en el Supremo Tribunal Federal (STF), que la había declarado inconstitucional un mes antes. Según esta ley, sólo se consideran indígenas los territorios que lo eran en 1988, cuando se promulgó la Constitución. En lugar de declarar inconstitucional la ley que aprobó el Congreso, el juez del STF, Gilmar Mendes, que está a cargo del caso, mantuvo la validez de la norma y creó una Cámara de Conciliación para abordar el tema, que terminó su trabajo el 2 de abril. Pero representantes del Congreso Nacional y del Sindicato solicitaron su prórroga, desatando la polémica de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib). En agosto del año pasado, la Apib se retiró de la mesa de negociación, calificándola de “conciliación forzada” de sus derechos. Como resultado de nueve sesiones de negociación coordinadas por su oficina, Gilmar Mendes presentó un proyecto de Ley Complementaria para sustituir a la Ley 14.701. La propuesta excluye el argumento del Marco Temporal, pero introduce novedades en varios puntos considerados lesivos por las organizaciones indígenas, como la autorización de la minería en tierras indígenas y nuevos obstáculos en los procesos de demarcación.

Mientras tanto, el pasado viernes, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y el Ministerio de Medio Ambiente lanzaron el programa ‘Restaurar la Amazonia’, una convocatoria pública para financiar con 150 millones de reales (25,6 millones de dólares), procedentes del Fondo Amazonia, financiado por varios países extranjeros, proyectos de reforestación de tierras indígenas en la región del llamado Arco de Restauración, que se extiende de Maranhão a Acre, gravemente afectada por la deforestación. El proyecto, ejecutado en colaboración con el Ministerio de Pueblos Indígenas y la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) seleccionará hasta 90 proyectos, cada uno de los cuales abarcará áreas de entre 50 y 200 hectáreas, con la participación obligatoria de los pueblos indígenas. Las solicitudes estarán abiertas hasta el 19 de julio. Según el presidente del BNDES, Aloizio Mercadante, la iniciativa contribuye tanto a la lucha contra el cambio climático como al bienestar de los pueblos indígenas, al promover el uso sostenible de los recursos forestales. La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, añadió que, gracias a tales acciones, “Brasil ha reducido cerca de 450 millones de toneladas de CO2 en dos años, atrayendo así más fondos internacionales”. La convocatoria dice que pueden participar “personas jurídicas con sede en Brasil, que tengan fines institucionales compatibles con el objeto de esta Convocatoria Pública y estén legalmente constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines lucrativos, de ámbito nacional o autarquías y fundaciones públicas federales y estatales”. Sin embargo, se teme que países extranjeros como China puedan aprovechar esta apertura para operaciones depredadoras o de biopiratería.