>La corrupción vuelve a golpear a las puertas de la política brasileña. Esta semana la Fiscalía General de la República denunció por malversación de fondos parlamentarios a uno de los ministros del gobierno Lula, el de Comunicaciones, Juscelino Filho, del partido Unión Brasil. Los fiscales le acusan de organización criminal, manipulación de licitaciones, malversación de fondos y corrupción activa. Por esto, el ministro dimitió el pasado martes. Originario del estado de Maranhão, en el nordeste de Brasil, el político acabó en el radar de la justicia por el dinero público enviado entre 2015 y 2023 a la ciudad de Vitorino Freire, en el mismo estado donde fue alcaldesa su hermana Luanna Rezende, también del partido Unión Brasil. Según la investigación de la Policía Federal, Juscelino Filho, que entonces era diputado, habría utilizado fondos del Gobierno en beneficio de las propiedades de su familia, pavimentando las carreteras que daban acceso a las mismas. En su carta de baja del Gobierno, el ministro escribió que contó con el “apoyo incondicional del presidente Lula”, un líder al que admira “profundamente” y que siempre le ha concedido “libertad y apoyo para trabajar con autonomía y valentía”. Juscelino Filho niega todas las acusaciones y afirma que “confía plenamente en las instituciones brasileñas, especialmente en el Supremo Tribunal Federal (STF)”.

Por si fuera poco, esta misma semana la Policía Federal también lanzó una operación, la Copiar y Pegar, contra el alcalde de centroderecha de Sorocaba, en el estado de San Pablo, Rodrigo Manga, del partido Republicanos. Se le investiga por “malversación de fondos públicos destinados al sector sanitario del municipio”. Durante el allanamiento se incautaron 1,7 millones de reales (289.563 dólares) en efectivo. Ya en 2021, la administración de Manga estuvo en el ojo del huracán. La Justicia condenó al entonces secretario de Desarrollo Económico, Paulo Henrique Marcelo, por sobrefacturación de un inmueble adquirido por el municipio por 29,8 millones de reales (5,1 millones de dólares), un valor 10,3 millones de reales (1,8 millones de dólares) superior a la tasación de mercado, según los jueces. Conocido por ser el “alcalde de TikTok”, desde donde se comunicaba con sus ciudadanos, en un vídeo grabado tras el allanamiento policial señaló con el dedo a Lula. “No te tengo miedo”, dijo, afirmando que se había convertido en un objetivo para “obtener buenos resultados” tras anunciar su precandidatura a la presidencia.

Incluso la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, del PT -hermana de Marielle, la activista y concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) asesinada en Río de Janeiro junto a su chófer el 14 de marzo de 2018- acabó en el punto de mira de la polémica dentro de su propio partido. Hace un mes, el vicepresidente del PT, Washington Quaquá, anunció que iba a activar la Comisión de Ética del partido tras recibir una denuncia sobre un supuesto empleado fantasma en la institución pública Servicios de Obras de Maricá. Según las denuncias, el hombre fue señalado por Anielle Franco, cuyo ministerio rebatió las acusaciones diciendo que la selección se hizo según el procedimiento ordinario.

La organización no gubernamental de lucha contra la corrupción Transparencia Internacional Brasil también sigue de cerca el asunto. En las últimas horas ha expresado su preocupación por “las informaciones sobre presiones de la presidenta de Petrobras en el área de compliance”, es decir, cumplimiento de las normas anticorrupción. “La degradación del compliance de Petrobras afecta a todo el entorno empresarial brasileño. El país no debe permitir una vuelta al pasado”, afirma Transparencia Internacional en su perfil X. Como escribe Malu Gaspar en el diario O Globo, la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, “está contrariada por las reglas del canal de compliance, en particular por el hecho de que se garantice el anonimato a los denunciantes. Ella cree que esta garantía conduce a un aumento de las quejas y acusaciones que considera irresponsables”. Petrobras estuvo en el centro de la Operación Lava Jato con el escándalo del ‘Petrolão’, que reveló la malversación de fondos de la petrolera nacional no solo en favor del PT de Lula sino de la gran mayoría de los partidos brasileños.