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24/02/2025

La dura respuesta de Patricia Bullrich a Jorge Macri por los presos en la Ciudad: lo acusa de mala fe y coerción

Fuente: telam

El conflicto por el traslado y el cupo de detenidos en las comisarías porteñas llegó a su punto máximo tras el fallo de la Justicia de CABA que ordenó al SPF llevarse a los condenados

>El En pocas palabras, La resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N°23 de la Ciudad, a cargo del juez Norberto Circo, ante un habeas corpus colectivo presentado por la Defensoría de la Ciudad, provocó una dura respuesta de Bullrich al alcalde porteño.

Esta administración no va a aceptar ningún tipo de coerción directa ni indirecta”, avisó en relación al fallo del juez Circo que no citó al SPF antes de tomar la determinación, que ya fue apelada y que Bullrich llamó “una aberración jurídica”.

A la vez, en la misiva, la funcionaria hizo referencia a la versión brindada por la gestión de Macri sobre la cantidad de ingresos semanales a penales federales.

En ese sentido, afirmó que “en los últimos días se ha filtrado maliciosamente información falsa a la prensa y personeros ligados al Gobierno de la Ciudad han iniciado una serie de acciones de Habeas Corpus para forzar el ingreso masivo de presos al Servicio Penitenciario Federal >Luego, argumentó: “Teníamos la obligación legal de recibir 60/70 presos semanales y voluntariamente, desde el inicio de este Gobierno pasamos a recibir 90 internos semanalmente, es decir, un 50% más; ofrecimos 100 plazas en el interior del país y un cupo especial de 50 plazas para ofensores sexuales, la Ciudad, sin embargo, solamente utilizó el cupo de 90 plazas semanales”.

“El 10 de abril de 2024, ofrecimos formalmente al Gobierno de la Ciudad que realizara construcciones modulares en predios del Servicio Penitenciario Federal para poder alojar allí a 400 de sus presos, con la posibilidad de alojar a 600 más. Esta propuesta fue absolutamente rechazada por las autoridades de la Ciudad”, afirmó.

Añadió que se trataban de “paliativos”. “La solución era que la Ciudad termine y entregue el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz que se comprometió a realizar en el año 2018 y que podría haber alojado a 2240 presos, pero que, por decisión política de esta gestión de la Ciudad y de la anterior, sigue sin cumplirse. La cárcel tendría que haber sido entregada en el año 2020″, aseveró.

Por su lado, desde la gestión porteña habían señalado a este medio que ya se retomaron las obras en esa penitenciaria y que estiman que estará terminada para diciembre de este año.

Para Bullrich, la actual crisis de detenidos en el territorio porteño es producto de “malas decisiones políticas que hoy pagan los porteños con su seguridad y los argentinos con su bolsillo”.

Esta es una respuesta directa al Gobierno porteño que había dado a conocer esta semana que cada detenido en sus alcaldías y comisarías cuesta a los vecinos $83.576 diarios.

La Ministra cree que las actitudes que le adjudica al gobierno porteño ponen en riesgo la transferencia. “Dañan la imprescindible buena fe que en toda negociación seria debe primar”, sentenció. Y agregó: “Esta administración no va a aceptar ningún tipo de coerción directa ni indirecta”.

JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD

SEÑOR JORGE MACRI

Con ese objetivo, se hizo cargo del Servicio Penitenciario Federal: para dar coherencia y firmeza a las políticas llevadas adelante.

- Teníamos la obligación legal de recibir 60/70 presos semanales y voluntariamente, desde el inicio de este gobierno, pasamos a recibir 90 internos semanalmente, es decir, un 50% más;

- La Ciudad, sin embargo, solamente utilizó el cupo de 90 plazas semanales.

Es más, en conversaciones informales posteriores se ofreció al Ministro de Seguridad porteño extender esas plazas a 1000, haciéndose cargo la Ciudad del 50% del costo de mantenimiento de cada interno. Esta propuesta ni siquiera fue contestada.

FUERON MALAS DECISIONES POLÍTICAS QUE HOY PAGAN LOS PORTEÑOS CON SU SEGURIDAD Y LOS ARGENTINOS CON SU BOLSILLO. Esto es así porque desde que iniciamos nuestra gestión, hace poco más de un año, hemos recibido más de 5000 internos que cometieron delitos comunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es decir, por ejemplo, un ciudadano de la provincia de Santa Fe, paga por el Servicio Penitenciario Federal, paga por el Servicio Penitenciario Provincial y, por la decisión política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de no hacerse cargo de sus presos, también paga por el costo de mantenimiento de los detenidos de la CABA.

Es en este contexto que desde el año 2016, con la sanción de la Ley 5688, la Ciudad está en condiciones de crear su propio servicio penitenciario sin necesidad alguna de apoyo federal, así como creó la Policía Metropolitana antes de la transferencia de la Policía Federal. Hace 9 años podría haber creado su Servicio Penitenciario. La mora es propia de una administración que no se hace cargo de los presos que su política de seguridad genera.

Lamentablemente, en los últimos días se ha filtrado maliciosamente información falsa a la prensa y personeros ligados al Gobierno de la Ciudad han iniciado una serie de acciones de Habeas Corpus para forzar el ingreso masivo de presos al Servicio Penitenciario Federal, hecho que es materialmente imposible por la falta de las plazas necesarias precisamente por el incumplimiento de la Ciudad en la entrega del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.

Frente al rechazo de esta primera acción, de forma inmediata y maliciosa se interpuso otra con el mismo objetivo pero, ahora, se eligió a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Este nuevo planteo fue resuelto de un modo vergonzoso sin siquiera citar al Servicio Penitenciario Federal para que exprese las razones de la imposibilidad de recibir más presos de los que a diario recibe. Esta aberración jurídica, por haberse violado las más elementales reglas del debido proceso, fue inmediatamente apelada por el Servicio Penitenciario Federal y no está firme.

En el medio de una negociación política para la transferencia de las competencias que le corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las autoridades de su Gobierno, mediante distintos mecanismos, dañan la imprescindible buena fe que en toda negociación seria debe primar.

Nuestra competencia primaria es combatir los delitos federales.

Fuente: telam

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