El texto introduce cambios en el período de prueba, que se amplía a seis meses para la mayoría de los trabajadores y hasta ocho meses en empresas de hasta cinco empleados. Durante este lapso, la relación laboral podrá extinguirse sin derecho a indemnización, salvo que medie causa discriminatoria o represalia sindical. El empleador deberá registrar debidamente la relación y abonar los aportes correspondientes desde el primer día.

La reforma establece la posibilidad de que los convenios colectivos de trabajo acuerden la creación de fondos de cese laboral, que funcionarán como sistemas de capitalización individual. El empleador realizará un aporte mensual a nombre del trabajador, el cual se integrará a un fondo administrado por la entidad que determine el convenio. En caso de desvinculación, el trabajador podrá disponer del capital acumulado, que será considerado compensación por la terminación del vínculo laboral.

El articulado aprobado suprime el controvertido artículo 44, que había generado rechazos en parte de la oposición y el sindicalismo. Ese artículo proponía cambios sustanciales en los sistemas de representación gremial y en la negociación colectiva, lo que motivó su exclusión para facilitar el avance del proyecto en la Cámara Baja. La eliminación de ese punto permitió que el dictamen alcanzara la mayoría necesaria para su aprobación.

El proyecto incorpora, además, disposiciones sobre la extinción del contrato de trabajo, la certificación de servicios y la prioridad de los convenios colectivos sectoriales por sobre los acuerdos individuales. Se enfatiza el respeto al principio de irrenunciabilidad de los derechos reconocidos por la ley y los tratados internacionales ratificados por el país.

Fuente: telam