>La Justicia boliviana determinó enviar a prisión preventiva por cuatro meses a la exdiputada Lidia Patty en una investigación por presunta corrupción con el antiguo Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), un proyecto que estaba destinado a comunidades rurales para ejecutar iniciativas productivas durante las gestiones de Evo Morales (2006-2019).

Tras haber rechazado las apelaciones de la defensa, la Policía aprehendió a Patty el viernes cuando se presentó a declarar en la Fiscalía y el sábado un juez dictaminó su reclusión por cuatro meses en el penal de Obrajes de la ciudad de La Paz.

A partir de entonces se convirtió una figura clave en la judicialización de la crisis de 2019, al ser la denunciante que activó los procesos penales contra la expresidenta Jeanine Áñez y los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, a quienes enjuició por “sedición, terrorismo y conspiración” en un caso denominado “golpe de Estado I”, que investigaba los hechos previos a la renuncia de Morales.

Patty tiene 56 años y pertenece a la etnia Kallawaya. Fue dirigente de la organización social Bartolina Sisa y concejal municipal. Tras haber sido diputada en el último gobierno de Morales, fue designada por Luis Arce como cónsul en Puno, Perú.

El Fondo Indígena es posiblemente el hecho de corrupción más escandaloso de las últimas décadas en Bolivia.

El directorio estaba presidido por la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, e integrado por otros ministros del gabinete de Morales, entre ellos el expresidente Luis Arce, que entonces lideraba la cartera de Economía. Según reportes d de prensa, solo en cinco años, entre 2009 y 2014, el Fondo recibió 3.197 millones de bolivianos (casi 460 millones de dólares).

Por este caso hubo investigaciones judiciales y algunas detenciones que luego fueron anuladas, lo que convirtió al Fondo Indígena no solo en un escándalo histórico de corrupción sino también en un símbolo de impunidad en Bolivia.