En las imágenes divulgadas ahora, Tercero aparece callada, sin emitir declaraciones propias ni responder preguntas. Ningún medio independiente tuvo acceso al lugar, y tampoco se permitió contacto con la comunicadora o su familia.

En 2022, cuando el obispo Rolando Álvarez llevaba semanas incomunicado, el régimen lo presentó en televisión estatal sentado frente a una mesa de comida cuidadosamente dispuesta. Las imágenes mostraban al religioso con uniforme nuevo de prisionero, flanqueado por dos de sus hermanos en lo que parecía un “tranquilo” almuerzo familiar.

Lo mismo ocurrió con el médico Yerri Gustavo Estrada, de 30 años, detenido en agosto de 2025 en el Hospital Amistad Japón-Nicaragua, en Granada. Su madre denunció su desaparición y advirtió que podía estar siendo torturado. La presión creció cuando el Departamento de Estado y diputados de Costa Rica exigieron saber dónde estaba.

Desde 2022, al menos cuatro veces el régimen ha recurrido a esta estrategia para calmar la presión interna y externa: mostrar imágenes controladas de presos desaparecidos.

Maradiaga, que permaneció 611 días recluido en El Chipote, describe el proceso: “Cuando aumenta la presión, no corrigen el abuso, empieza el teatro. Primero mejoran la comida, permiten galletas, refrescos. Te pesan cada día. Luego te llevan a una sala limpia, con cortinas y platos servidos. Hay cámaras. Quieren la foto del ‘trato digno’. Cuando apagan las luces, todo vuelve a ser igual”.

En julio de 2024, tras el allanamiento policial de su vivienda, perdió toda comunicación con colegas y familiares. PCIN advirtió que el aislamiento prolongado podía constituir tortura y exigió información sobre su estado de salud y paradero.

Su desaparición coincidió con una oleada de detenciones arbitrarias de periodistas y activistas en Managua y Matagalpa.

La difusión de las imágenes de Tercero vino acompañada de un mensaje que insistía en que “no se le ha detenido ni secuestrado”. Sin embargo, no se presentó ninguna evidencia verificable de que la periodista pudiera desplazarse libremente, comunicarse o trabajar. Tampoco se sabe si su casa ha estado bajo vigilancia o si su familia ha recibido presiones.

Gutiérrez sostiene que, además del tema de derechos humanos, el régimen enfrenta el riesgo de perder los beneficios comerciales del CAFTA. “El tema del tratado está ahora directamente vinculado a las violaciones de derechos humanos”, afirma. “Y para una dictadura, eso es crucial. Ambas cosas, la presión de la ONU y la amenaza económica, son claves en el momento en que deciden exponer a personas desaparecidas”.

“Mostrar a Fabiola es un intento de generar una cortina de humo, de instalar la narrativa de que no estaba desaparecida, que estaba en casa de un familiar. Es el viejo método del régimen: crear una apariencia para invalidar denuncias dentro de aquellos organismos o países que no conocen en detalle lo que sucede en Nicaragua”, concluye Gutiérrez.