>La agroexportadora Vicentin, la misma que quiso expropiar Alberto Fernández y estuvo al borde de la quiebra, tiene nuevo dueño: la histórica cerealera santafesina Grassi.

El cramdown es un salvataje previo a la quiebra en el que terceros pueden ofertar para quedarse con la firma. Allí compitieron Grassi y el consorcio de Molinos Agro (MOA) y Louis Dreyfus Company (LDC), la asociación de la rama rural del Grupo Pérez Companc con la multinacional de origen francés.

Días atrás, Grassi comunicó que la empresa había alcanzado y superado ampliamente las mayorías exigidas por el cramdown, lo que, según su postura, la habilita legalmente para tomar el control de la firma en crisis. Recordaron su participación activa desde el inicio del default de Vicentin, hace más de cinco años, y su rol en la búsqueda de una solución que permitiera honrar las deudas y reparar el daño sufrido por productores y acreedores.

“Las impugnaciones fueron hechas para disuadir que nos voten, pero no lo lograron. Deberían hacerlas después, además, pero no hay chances que no tengamos los números, se cuente como se cuente. Va a haber una resolución rápida y esperamos tener el control de la compañía pronto”, agregó.“Las impugnaciones de la otra parte me preocupan cero, ganamos de todas maneras. La gente de Vicentin quiere dejar de sufrir y volver a la normalidad. Vamos a invertir en todas las plantas y seguir invirtiendo. Nada se cierra, nadie se va”, destacó el empresario.La propuesta que Grassi hizo en el cramdown contempla la conversión de todos los créditos verificados a dólares, al tipo de cambio de $60,78 vigente al inicio del concurso preventivo. Ofreció un menú de opciones de cobro adaptado a distintos perfiles de acreedores.Entre los productores y recibidores de granos, el esquema propuso entregas de soja a lo largo de diez años, con un sobreprecio de USD 10 por tonelada y hasta un 200% de recupero del crédito en dólares, apoyo mediante fideicomisos con recuperos entre 80% y 120%, y anticipos de efectivo inmediatos por hasta el 50% del monto reclamado.

El concurso de acreedores iniciado sobre el cierre de 2019 dio inicio a uno de los procesos judiciales más extensos y controvertidos del ámbito económico local. Con pasivos superiores a los USD 1.400 millones y la caída abrupta de su actividad principal, Vicentin generó incertidumbre en los mercados y afectó la economía de pequeñas y medianas empresas ligadas a su red de operaciones. La situación derivó, durante la pandemia, en un fallido intento de expropiación promovido por el Gobierno de Alberto Fernández, que desencadenó protestas sociales y tensiones entre distintos niveles de la política.

Mientras la propuesta de Grassi apuntaba a la continuidad productiva y la protección de puestos de trabajo, ofreciendo a los acreedores esquemas de cobro y recupero de créditos con mecanismos flexibles y adaptados a sus perfiles, Molinos y LDC intentaron posicionar su alternativa sobre la base de garantías de pago directo, acuerdos gremiales previos y la promesa de nuevas inversiones destinadas a la reactivación de las plantas. Uno de los puntos de mayor controversia fue la legitimidad de los avales presentados por Grassi, cuestionados por autovoto y por la participación de fondos internacionales con potenciales intereses asociados.

El peso histórico de Vicentin en el entramado agroindustrial, junto a su rol como principal fuente laboral y dinamizadora de economías regionales, hizo que tanto la decisión del juez como los términos de los planes presentados fueran observados en detalle tanto por los principales actores del sector como por la opinión pública en general. Se trataba no solo de una definición societaria, sino también de un mensaje al sistema financiero y de garantías para cientos de productores que, tras años de litigio, aguardaban certidumbre sobre sus acreencias.

La situación de los cerca de mil empleados de Vicentin, muchos de los cuales atravesaron años de incertidumbre, permaneció como uno de los aspectos esenciales a resolver. Además de la dimensión económica y de mercado, la causa por presunto fraude contra exdirectivos de la compañía todavía continúa abierta en el fuero penal, y queda pendiente la resolución definitiva sobre el destino final de la compañía bajo su nuevo control.

Fuente: telam