02/11/2025
Clima de Negocios: Qué pasará con Vicentin, la cerealera que casi expropian los K y por la que pujan dos gigantes del agro
Fuente: telam
Se acerca la definición judicial por el futuro de la empresa, que tiene 1.700 acreedores y una deuda superior a USD 1.300 millones. Buscan quedársela Grassi y la alianza de Molinos Agro y Louis Dreyfus Company. Ambas dicen que ganaron el proceso de cramdown
>Es una historia larga y con polémicas varias. Tiene damnificados económicos y unos 1.000 empleados con muchas dudas. También una trama judicial compleja, una deuda multimillonaria que generó el concurso de acreedores más grande de la historia argentina, muchos intereses detrás y hasta un banderazo nacional como protesta porque, claro, la política metió la cola.
El caso está en la Justicia desde hace varios años y ahora atraviesa un cramdown, un salvataje que es el proceso previo a la quiebra en el que terceros pueden ofertar para quedársela. Esta última chance de supervivencia venció el viernes y enfrenta a dos pesos pesados: Grassi, una histórica cerealera santafesina; y Molinos Agro junto a Louis Dreyfus Company (LDC), la asociación de la rama rural del Grupo Pérez Companc con la multinacional de origen francés.
La disputa por el control se intensificó en las últimas horas, cuando los dos grupos económicos afirmaron haber reunido las mayorías exigidas por el proceso de cramdown para quedarse con la compañía. Cada uno lo hizo bajo criterios diferentes y con cuestionamientos cruzados sobre la legitimidad de los apoyos obtenidos. Grassi hizo la primera presentación y sólo por eso podría ser el ganador, pero su contendiente impugnó una parte de sus avales. Decidirá desde el lunes el juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Reconquista, Santa Fe.El viernes por la tarde, el directorio de Grassi comunicó que la empresa había alcanzado y superado ampliamente las mayorías exigidas por el cramdown, lo que, según su postura, la habilita legalmente para tomar el control de la firma en crisis. Recordaron su participación activa desde el inicio del default de Vicentin, hace más de cinco años, y su rol en la búsqueda de una solución que permitiera honrar las deudas y reparar el daño sufrido por productores y acreedores.“Las presentaciones ya se hicieron, los síndicos dijeron que el juez no tenía que abordar ese tema hasta que terminara el período de conformidades. El lunes, el juez hará las verificaciones y se expedirá sobre las impugnaciones planteadas”, le aseguraron a Infobae representantes de las empresas. Ambas afirman que obtuvieron más de 1.200 adhesiones y que superaron los dos tercios de capital en cada categoría de acreedores legítimos.
Días antes, Molinos y LDC habían solicitado la exclusión del proceso de Grassi y su vinculada Commodities (porque dijeron que había autovoto, algo que impediría la Ley de Quiebras); del fondo Avir South, controlado por Cima Investments, de Esteban Nofal (que, argumentaron, que en parte está fondeado en parte por la familia Grassi); y de Vicentin Paraguay. Sin ellos en la cuenta final, dicen, Grassi no alcanza los números requeridos.El titular de Cima Investments, uno de los hijos de Luis Nofal, el histórico socio de Carlos Ávila en Torneos y Competencias, “La ley habla de quien llega primero, esto no fue una licitación ni una competencia. Era una carrera por las mayorías y ganamos. La sindicatura puso la lista de acreedores y los porcentajes a alcanzar. La gran mayoría nos apoyó”, destacó en diálogo con Infobae Mariano Grassi, vicepresidente y CEO de la empresa homónima. La empresa dice que sumó el 85% del capital y el 65,5% de los acreedores a su propuesta.
Grassi aseguró que siempre apostaron por la continuidad de Vicentin, no por su desguace, y por sumar más competencia al sector. “Las impugnaciones de la otra parte me preocupan cero, ganamos de todas maneras. La gente de Vicentin quiere dejar de sufrir y volver a la normalidad. Vamos a invertir en todas las plantas y seguir invirtiendo. Nada se cierra, nadie se va”, destacó el empresario.
La opción de Molinos Agro y LDC fue optimizada en los últimos días antes del cierre del plazo del viernes. El esquema contempla el pago total del 100% de las acreencias menores a USD 130.000 a los 30 días de la homologación judicial, cifra que incluye a casi el 80% de los acreedores reconocidos. Para los créditos de entre USD 130.000 y USD 400.000, se ofreció abonar el 50% de la deuda a los 30 días, el 55% en un plazo de tres años o el 70% en diez años, siempre con un interés anual del 4 por ciento. Para las deudas de más de USD 400.000, el plan incorporó un anticipo de USD 25.000 en efectivo al mes de la homologación, junto a un pago del 40% en el plazo de una década y la opción de capitalización en acciones preferidas.Los representantes de Molinos Agro y LDC señalaron que sus planes incluyen preservar aproximadamente 1.100 puestos de trabajo, ejecutar inversiones por entre USD 50 y USD 70 millones y mantener acuerdos operativos vigentes, algunos logrados con la Unión Agrícola Avellaneda para el denominado Nodo Norte.
Del otro lado, la propuesta de Grassi se mantuvo como la primera alternativa formalizada en el proceso judicial, orientada a evitar la quiebra y tomar el control empresario sobre Vicentin. El plan presentado contempló la conversión de todos los créditos verificados a dólares, al tipo de cambio de $60,78 vigente al inicio del concurso preventivo. Ofreció un menú de opciones de cobro adaptado a distintos perfiles de acreedores.En junio de 2020, en plena pandemia, el expresidente Alberto Fernández anunció por decreto la intervención de la empresa y propuso su expropiación, citando deudas impagas y el riesgo para la soberanía alimentaria. Un año antes, la compañía se había declarado en “estrés financiero” y esa situación avanzó con cierre de fábricas, cientos de trabajadores en ascuas y un pasivo de más de 1.400 millones de dólares. Fue muy polémico y cuestionado un préstamo que le había otorgado el Banco Nación durante la gestión de Cambiemos.
El poderío de Vicentin comenzó a cimentarse en 1929 en las ciudades santafesinas de Avellaneda y Reconquista de la mano de tres hermanos –Máximo, Pedro y Roberto Vicentin, que habían emigrado desde Italia una década antes– y llegó a convertirse en uno de los principales exportadores de granos y de carne vacuna del país.El salto hacia la agroexportación se produjo en 1979, cuando Vicentin construyó una nueva planta de extracción en San Lorenzo, a orillas del río Paraná. Luego se asoció a la multinacional Glencore para construir una de las primeras plantas de biodiésel del país, Renova, en un contexto en el que la soja ya dominaba la producción agrícola argentina y puso en marcha una planta de bioetanol de maíz en Avellaneda. Es la más grande del mundo en su tipo y la inauguró Cristina Kirchner.
La segunda generación de la familia, representada por figuras como Alberto “Beto” Padoán –que luego presidió la Bolsa de Comercio de Rosario y fue procesado, y sobreseído, en la causa “Cuadernos”– impulsó la gran expansión del grupo y mantuvo vínculos con la política. La tercera generación familiar, que fue más audaz y menos conservadora, asumió un papel protagónico en la toma de decisiones, especialmente en la expansión financiada con endeudamiento. Entre sus miembros destacados estuvieron Sergio “el Mono” Nardelli, hijo de una Vicentin y sucesor de Padoán, así como Máximo (“Maxi”) y Cristian, hijos del expresidente de la Bolsa de Rosario. También se incluye allí a Gustavo Nardelli.Entre 2021 y 2023, la causa avanzó en el fuero penal, y más de una docena de exdirectivos de la cerealera fueron imputados por estafa, acusados de fugas de dinero y lavado. El proceso judicial fue lento. La principal disputa se centró en el plan de pago que la empresa presentaba a sus acreedores en el marco del concurso preventivo. En un momento, el expediente incluso se extravió en la Corte Suprema de Santa Fe, lo que provocó una gran demora. Un año después, la Cámara de Apelaciones de Reconquista homologó un acuerdo preventivo que Vicentin había logrado con sus acreedores. Se consideraba un paso crucial para la salvación de la empresa, ya que la sacaba de la cesación de pagos.
La definición sobre el futuro de Vicentin queda ahora en manos de la Justicia, que deberá evaluar las impugnaciones y determinar cuál de los grupos cumplió efectivamente con los requisitos legales para quedarse con la empresa. La decisión será crucial para el destino de la agroexportadora, sus trabajadores y los vínculos productivos que mantiene en el norte santafesino.
Fuente: telam
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